5 de mayo de 2021

Por Érica Daiane y Adriana Amâncio, da Asesoría de Comunicación de la ASA (Articulación Semiárido)

Desde la colonización de Brasil, el territorio más alejado de la costa se entendía como improductivo y no apto para ser habitado. Pasó a llamarse “Desertão”, de donde procede el término Sertão. A lo largo de los siglos, la ciencia se cuestionó poco o nada al respecto. La escuela, por su parte, al permitir que prevalezca una educación descontextualizada, no se ha molestado en problematizar esta comprensión.

De ahí los prejuicios contra la Caatinga, un bioma exclusivamente brasileño que alberga a 27 millones de personas y una inmensa biodiversidad. Y del prejuicio surge el peligroso permiso para la explotación depredadora.

Zona de vegetación descubierta de la Caatinga. Foto: Archivo Irpaa

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Ambiental del Nordeste (Cepan), en colaboración con la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), el 40% de la Caatinga ya ha sido destruida y el 20% es susceptible de desertificación. La investigación abarcó 60 millones de hectáreas de Caatinga en todos los estados del noreste y el norte de Minas Gerais y descubrió que el 37,97% del bioma está ocupado por actividades agrícolas y de pastoreo, el 59,4% por bosques, mientras que el territorio restante se divide en otros usos.

“Estos datos son preocupantes y denotan la importancia de crear más unidades de conservación para preservar lo que aún existe y, además, estimular las actividades de restauración”, afirma el coordinador de proyectos de Cepan, Joaquim Freitas. Según los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es posible que dentro de unos 50 años comience un escenario de refugiados climáticos.

El estudio forma parte de la primera fase del proyecto “El papel de la restauración ecológica en la sostenibilidad de la Caatinga”, realizado en colaboración con el Laboratorio de Ecología Aplicada de la UFPE y con profesores e investigadores de varias universidades.

El siguiente paso del estudio es un análisis de costes de las acciones necesarias para restaurar el bioma. “La idea de este proyecto es aportar los primeros experimentos y modelos de reparación para que tengamos una base conceptual y sepamos cómo hacer el trabajo de forma efectiva a bajo coste. Al final, además del documento orientador de las políticas públicas, tendremos un documento científico y técnico que guiará todas las actividades, mostrando las oportunidades identificadas y los retos a superar”, dice Joaquim Freitas.

Políticas públicas específicas

Las poblaciones del Semiárido, además de necesitar políticas públicas que garanticen sus derechos básicos, necesitan reclamar que estas políticas sean adecuadas a las diversas realidades de la región. Dentro del propio bioma hay particularidades y características que varían de un lugar a otro, como el clima, el suelo, la regularidad de las lluvias y la vegetación.

La mayoría de las veces, los gobiernos no tienen en cuenta estas diferencias a la hora de elaborar políticas para esta región de Brasil. “Históricamente, los poderes gobernantes han preferido ensalzar el paradigma de la pobreza y la escasez estigmatizado en el drama de la sequía, que ha hecho persistir la creencia y el sustento de la pobreza como un castigo de Dios o que la falta de lluvias trae consigo el subdesarrollo, sufrimiento y un gran número de otros males, todo ello bien gestionado por la secular industria de la sequía establecida por gente inteligente en la política nacional”, observa Sebastião Alves dos Santos, educador del Servicio de Tecnología Alternativa (Serta), que opera en la región semiárida de Pernambuco.

Este escenario se ha revertido gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones internacionales que garantizan la financiación de proyectos y de algunos gobiernos que, tras escuchar a las organizaciones de base representativas, garantizan un presupuesto público. Pero, en general, sigue siendo una batalla en torno a la creación y aprobación de leyes y políticas públicas y no sólo programas de gobierno que, cuando cambia la gestión, el programa se interrumpe.

La Política Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía, aprobada en 2016, es un ejemplo de una política ya aprobada, pero que necesita ser reglamentada para ser implementada, según Paulo Pedro de Carvalho, coordinador general de la ONG Caatinga, entidad que forma parte de la Red Brasileña del Semiárido (ASA). Cita programas que han sido implementados por ASA, como el Programa Un Millón de Cisternas (P1MC) y el Programa Una Tierra y Dos Aguas (P1+2), que han sido suspendidos desde 2016.

Las políticas de Agroecología, Asistencia Técnica y Extensión Rural y Educación Contextualizada también están paralizadas. El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Comidas Escolares (Pnae) son también ejemplos de políticas que están siendo desmanteladas. Además de los planes y programas nacionales, Paulo Pedro subraya que los Estados también pueden aplicar su propia agenda política. Es decir, ya hay una serie de propuestas cuya aplicación está paralizada.

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